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Los últimos “manotazos de ahogado” de la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos de Chile (CONAPC)

Los últimos “manotazos de ahogado” de la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos de Chile (CONAPC)

La CONAPC se resiste y busca maneras de sobrevivir dejando de ser una comisión del Colegio de Psicólogos de Chile para pasar a manos de una nueva Asociación de “Supervisores”. Algunos miembros del Directorio Nacional forman parte de esa asociación.

El Colegio de Psicólogos de Chile entregará la propiedad de la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos de Chile (CONAPC) a una agrupación de “supervisores” quienes serían los responsables de continuar “la obra” de la CONAPC conformados en una Corporación privada.

Con esta nueva institucionalidad de la CONAPC, el Colegio de Psicólogos dejaría de ser el aval de institutos de formación en psicoterapia. La misma medida tomada hace pocos meses atrás por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica (SCPC). 

Pero existe división al interior del Directorio del Colegio de Psicólogos, su Presidenta A. Melus F. y algunos directores quieren entregar el 100% de la CONAPC a los “supervisores”. Los que se oponen piden que el Colegio de Psicólogos siga siendo socio minoritario, en un 40%.

En total son 4 los directores que se oponen: A. Luco, A. Prieto, A. Kalawski y F. Urra. Quienes además trabajan en las acreditaciones de la CONAPC y son dueños de centros o “supervisores”.

Al tener el Colegio de Psicólogos propiedad del 40% de esta asociación de supervisores y pasar a ser socio no controlador, permitirá que los “supervisores” puedan usar el nombre del Colegio de Psicólogos sin consulta al Directorio para fines comerciales. Actividad no consignada en los estatutos del colegio lo que sería como traspasarle a esa asociación el nombre del Colegio, nombre que es patrimonio de todos los psicólogos colegiados.

Lo que agrava más aún este complejo escenario, es que a la fecha ni la CONAPC ni los “supervisores” cuentan con reconocimiento ni autorización de funcionamiento como entidad acreditadora de especialidad. Siendo sus acreditaciones, en ese sentido, carentes de asidero legal y valor para su exigencia ante cualquier organismo ya sea privado o público. 


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