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¿Cuánto más esperar?

¿Cuánto más esperar?

De un tiempo a esta parte las empresas constructoras medianas y grandes se han transformado en un actor  importante para los pequeños y medianos empresarios del país. Principalmente porque proporcionan trabajo y funcionan como la principal fuente de ingresos de muchas PYME. Estas razones parecen obvias y por consecuencia, resulta que los pagos por trabajos realizados también lo son. Sin embargo, aquí reside el principal problema, ya que hasta el día de hoy la burocracia y la falta de apoyo político en esta materia se vuelven muy latentes.

Hagamos un ejercicio, una empresa constructora X solicita un trabajo, luego se aprueba la cotización y el contratista lo ejecuta traduciéndose en un trabajo terminado. Para que el contratista cobre por sus servicios deben pasar por un proceso burocrático: esperar aprobación por parte del inspector Técnico de Obra, sacar observaciones, presentar documentación, cumplir con los formularios F30 y F30-1, presentación de boleta de garantía por fiel cumplimiento, recibir una planilla de estado de pago por parte de la constructora, además de solicitar una hoja de ruta con firmas  que por lo demás pasa por todas las áreas de la empresa para obtener una firma del profesional afín, etc.

Luego de esto, el contratista obtiene la tan aclamada autorización a facturar y de aquí a esperar 30 o 60 días de iniciada la orden de compra o el trabajo en cuestión. Si hacemos un cálculo simple, un pago se puede recibir entre 90 a 120 días después de realizado el trabajo. Una clara injusticia que las constructoras han sabido manejar hasta este tiempo. Este aprovechamiento tiene su finalidad concreta: trabajar con el poco capital de trabajo que tienen los pequeños contratistas y así no mermar la capacidad adquisitiva y de negociación que tienen las constructoras.

Profundizando, muchas veces se condicionan los pagos para nuevos trabajos, es decir, termíname esto y te saco el pago por lo anterior, sin duda una mala práctica que fue tratada gradualmente por el gobierno del expresidente Piñera y que si bien significó un avance, no duro más que la idea de hacer un registro de empresas que cumplieran con el pago a 30 días.

Para resolver esto se puede idear un registro nacional de proveedores, tal y como ocurre en países como Australia y Nueva Zelanda ¿qué beneficios tiene? la empresa perteneciente a estos registros no solo la prefieren por su trabajo previo en sus responsabilidades financieras, sino que son elegidas por entidades como el Estado para ser adjudicados por un sistema de puntaje. De forma más clara, el que tiene más puntos califica y el que tiene menos queda afuera. Una forma concreta de premiar a la empresa constructora que mejor se comporta con sus contratistas.

En Chile, una forma real de implementar esto es hacer un registro nacional de proveedores con buen comportamiento, algo similar a lo que hace Mercado Público, pero que funcione. Digo esto porque lo que hace Mercado público es cobrar una prima que permite entrar a este registro anualmente, sin necesariamente hacer una investigación previa de la empresa. Es decir, el filtro sigue siendo el dinero.

El Estado puede vetar a un proveedor después de un mal comportamiento, sin embargo, como el registro no está en línea entre todos los niveles, este mismo proveedor puede vender a lo largo y ancho del Estado hasta ser vetado en todos los sectores (algo que claramente no ocurre).

El tema aquí es el proceso previo a facturar y que nadie considera. Algunas empresas le llaman obtener la HEP, Acta, HES, Acta de entrega, en simples palabras burocracia que retrasa la facturación. Un tema aparte de la teleserie, es el relacionamiento con empresas del Estado en donde podemos llegar a esperar aún más.

Alexander Dulovits – Engineering Managment UOM – Académico UDP.

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